Las Cortes
El pueblo, harto de las exigencias de los reyes, se rebelan en ocasiones de forma tumultuosa. Los reyes, ante la oleada de alzamientos populares, ceden en ocasiones y aceptan consultar a sus súbditos a la hora de imponer tributos y de decidir la aplicación de los mismos. Comienzan a ser pagados los tributos para atender determinados gastos públicos. Y el contribuyente se va a convertir en el principal protagonista de la resistencia frente al rey.
Ejemplos típicos de estas limitaciones del poder real se dieron en las Cortes reunidas en León (año 1188) y en la Carta Magna de Inglaterra (año 1215), que proclamó el principio de que el impuesto ha de ser consentido por quien tiene que pagarlo.
A España llega un día un emperador educado en el extranjero. Su política imperial exige enormes dispendios y subsidios. Las Cortes de Castilla y León, compuestas de procuradores elegidos por las ciudades, se muestran resistentes a admitir nuevas exacciones. Las quince principales ciudades castellanas se alzan en rebelión en la Junta de Ávila. Una de sus quejas: “Las imposiciones y cargas intolerables que han padecido estos reinos”.
El ejército real sofocaría el movimiento comunero. Pero la lucha de los monarcas con las Cortes no siempre favoreció a los primeros, que muchas veces tuvieron que plegarse a las condiciones acordadas por las Cortes si querían obtener las sumas que necesitaban.
En acuerdos de este tipo entre los gobernantes y las Cortes está el origen remoto del Presupuesto público, como documento que aprueba el Parlamento y por el que se autoriza al Gobierno a recaudar determinados ingresos y a realizar determinados gastos a lo largo del año. La historia de la soberanía popular tiene mucho que agradecer a la historia del Presupuesto.
Con este control del Parlamento, la Hacienda Pública corre menos peligro de ser utilizada por reyes y gobernantes a su capricho, y se introduce un cierto orden en la obtención de ingresos y en la realización de gastos.
Y una vez que el rey se acostumbra a ver limitado su poder por los acuerdos de las Cortes en materia de impuestos, está naciendo el poder legislativo independiente del propio monarca, que se confía a la representación popular.