Función redistributiva del gasto público

La Constitución española proclama en su artículo 1.1 que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Es en ese carácter social donde se fundamenta el principio de equidad o de justicia del gasto público y su función redistributiva.

En una sociedad de libre mercado como la nuestra se producen desigualdades que el mercado por sí mismo no resuelve y, por ello, la Constitución prevé la intervención del Estado, en su dimensión social, para tratar de corregirlas. A este papel activo se refiere el artículo 9.2 cuando dice que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas...”. Se trata de favorecer la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, con independencia de las situaciones individuales de partida.

Estos grandes valores se concretan después en otros preceptos constitucionales.

El apartado 2 del artículo 31 de la Constitución Española establece que "El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos...” Este artículo, al establecer el principio de equidad del gasto público, atribuye al mismo una importante función redistributiva, pues la asignación equitativa de los recursos públicos significa que todos los ciudadanos tienen derecho a beneficiarse por igual de los bienes y servicios públicos, independientemente de su capacidad económica para contribuir mediante el pago de impuestos a la obtención de los recursos necesarios para la prestación de aquéllos. Este principio de equidad o de justicia supone la garantía de una satisfacción mínima de las necesidades públicas y la ausencia de toda discriminación o arbitrariedad.

El artículo 40.1 del texto constitucional contiene asimismo un mandato a los poderes públicos para que procuren una distribución de la renta más justa, al establecer que “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa...”

Esa función redistributiva significa que a través del gasto público, es decir, mediante la inversión de los recursos públicos en la realización de determinadas prestaciones y servicios, se lleva a cabo una transferencia de renta hacia los sectores sociales más débiles económicamente, con el fin de compensar la situación de desigualdad, asegurando así una convivencia justa y en paz social.