Solidaridad e igualdad de oportunidades

Los impuestos hacen posible la financiación de las necesidades comunes, es decir son el "precio" que se paga por los bienes y servicios públicos. Además, los impuestos permiten que exista una mayor igualdad de renta y riqueza entre los ciudadanos. Esto es lo que se conoce como función redistributiva de los impuestos.

Como se ha indicado anteriormente, el artículo 31 de la Constitución establece que el sistema tributario español estará inspirado en el principio de progresividad, es decir, pagará más impuestos quien más capacidad económica tenga. Por eso, se dice que los impuestos cumplen una función redistributiva. Además, todos los ciudadanos tienen derecho a beneficiarse por igual de los bienes y servicios públicos (por ejemplo, las autovías), independientemente de que hayan pagado más o menos impuestos porque tengan mayor o menor capacidad económica. E incluso, en determinados casos (por ejemplo, servicios sociales, seguro de desempleo) sólo pueden beneficiarse de estas prestaciones públicas los ciudadanos con una capacidad económica menor. Por eso, se dice que el gasto público cumple también una función redistributiva. Existe, por tanto, una transferencia de recursos de los que más capacidad económica tienen a los que menos.

Desde este punto de vista, el pago de los impuestos tiene un sentido ético mucho más amplio que el simple acatamiento de una obligación legal. No se trata, por tanto, de un mero intercambio de bienes y servicios comprados al Estado al precio del pago de los impuestos. Se trata de conseguir la igualdad de oportunidades para el pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales por parte de todos los ciudadanos. Con los impuestos, en definitiva, se contribuye a hacer realidad los principios de justicia y equidad mediante las aportaciones solidarias que el Estado exige a todos los ciudadanos.