• Los líderes de la organización, asentada en Sevilla, se ocultaban detrás de un entramado de sociedades pantalla administradas por personas sin recursos a las que hacían figurar como responsables de las transacciones y del impago del IVA

• Los beneficios del fraude fiscal eran blanqueados por los ‘cabecillas’ de la organización adquiriendo un importante patrimonio inmobiliario y una amplia flota de vehículos, todo ello a nombre de testaferros y empresas pantalla

• En el marco de la operación se ha procedido al embargo de cuatro inmuebles y al bloqueo de 132 cuentas bancarias de la organización, además de lograr el cese de la actividad mercantil de las empresas implicadas en la investigación

• El fraude fiscal cometido por la trama en los últimos cuatro años superaría los cinco millones de euros

28 de marzo de 2022.- La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales mediante la introducción en España de bebidas alcohólicas procedentes de Holanda y Portugal. Los responsables de la trama utilizaban toda una red de sociedades pantalla y testaferros para ocultar su propia responsabilidad en las transacciones realizadas y en el posterior impago del IVA correspondiente, y también se servían de este esquema de personas y empresas interpuestas para la adquisición de un importante patrimonio inmobiliario y una gran flota de vehículos con los beneficios obtenidos de la actividad ilícita.

La investigación arranca a finales del año 2020, cuando funcionarios del área de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía contactan con agentes del Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla para comunicarles la posible existencia de una organización criminal asentada en la capital hispalense, que estaría realizando un fraude millonario a la Hacienda Pública.

Operación ‘Tajada’

Ya en el año 2021, Guardia Civil, junto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cádiz, inician la operación, denominada ‘Tajada’, para investigar a esta organización, compuesta por un entramado de personas y empresas que se dedicaban al fraude en el IVA y al blanqueo de capitales, todo ello a partir de la introducción en España de bebidas alcohólicas con origen en Portugal y Holanda.

Una vez obtenidos los primeros indicios de esta actividad delictiva, y ya judicializada la investigación, la autoridad judicial solicitó el auxilio del personal de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía.

Fruto de las pesquisas policiales se pudo demostrar la creación de un entramado de empresas en cuya cúpula existía una persona con antecedentes por delito fiscal. Estas sociedades eran proveedores y clientes unas de otras, y declaraban compras y ventas intracomunitarias de bebidas alcohólicas cuyo destino era el mercado interior de España.

Estas personas físicas y jurídicas se valían de un circuito de facturación falsa entre las sociedades con el fin de no realizar el pago del IVA, causando un perjuicio a la Hacienda Pública estimado por los Inspectores de la Agencia Tributaria en más de cinco millones de euros.

Durante la investigación se comprobó cómo las empresas eran utilizadas para mover el dinero de unas cuentas a otras. Se manejaban grandes sumas de dinero en efectivo por medio de talones al portador que eran cobrados por la misma persona –concretamente, 79 talones en efectivo que sumaron un importe de más de un millón de euros–, que también realizó una veintena de imposiciones de dinero en efectivo con un valor de más de 350.000 euros.

Modus operandi

La intensa labor de análisis realizada permitió a los investigadores detectar cómo actuaba el entramado societario. La organización generaba artificialmente una transmisión y recepción mutua de fondos entre las empresas que debían declarar e ingresar el IVA de las transacciones –sociedades que eran administradas por personas sin recursos– y las empresas pantalla, constituidas por la organización para evitar la identificación de los cabecillas.

Con ese objetivo de ocultación se realizaba un trasvase mutuo inmediato de fondos entre las sociedades mercantiles y sus proveedores, y por un importe similar o ligeramente superior. Por tanto, una práctica que carecía de toda lógica desde un punto de vista comercial.

Tras una intensa labor de análisis, gestiones con terceros países, persecuciones en caliente y otras muchas técnicas de investigación, se confeccionaron las diligencias policiales, solicitando a la autoridad judicial que acordase una serie de medidas para culminar la investigación.

Fase de explotación

En julio de 2021 se lleva a cabo la explotación parcial de la operación Tajada, acordando el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla la ejecución de nueve Entradas y Registros en las localidades de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira.

Fruto de la investigación y el análisis posterior de la documentación obtenida en los registros se ha procedido a la detención de nueve personas, entre ellas el líder de la organización delictiva, sobre el que la autoridad judicial ha acordado prisión provisional. Por blanqueo de capitales figuran como investigadas tres personas y se ha imputado a una sociedad con la que la trama ocultaba los beneficios derivados de la actividad delictiva.

En la explotación de la operación se logró intervenir más de 12.000 botellas de bebidas alcohólicas en un depósito fiscal (almacén con determinados beneficios en materia tributaria y aduanera) de la localidad de Badajoz. La trama había adquirido las bebidas en Portugal y pretendía su introducción en el circuito comercial al objeto de cometer el fraude fiscal.

También se acordó el bloqueo más de 132 cuentas corrientes y productos financieros titularizados por el total de sociedades que conformaban la trama delictiva, confirmada por nueve sociedades limitadas. El saldo total bloqueado asciende a más de 158.000 euros, a lo que se añaden otros 20.000 euros en efectivo incautados en los registros domiciliarios.

Igualmente, la autoridad judicial ha decretado la no disposición de varios inmuebles, así como de bienes muebles puestos a nombre de una sociedad mercantil del sector inmobiliario constituida exclusivamente por la organización para blanquear los beneficios obtenidos del fraude fiscal.

Con la desarticulación de esta trama delictiva se ha conseguido frenar la distorsión que se produce en el mercado, derivada de la venta de bebidas alcohólicas a un precio inferior al ofertado por las empresas lícitas competidoras.