• La investigación, que ha durado más de un año, culmina con un total de 13 detenidos y se han intervenido múltiples terminales móviles para su análisis

• La operación sigue abierta y no se descarta la intervención de más medios materiales

• Se ha constatado la utilización de cinco embarcaciones para el traslado irregular de, al menos, 45 personas que habrían pagado a la red hasta 13.000 euros, lo que supondría unos beneficios de más de 550.000 euros para la organización

23 de mayo de 2025.- Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Melilla, en colaboración con agentes de Policía Nacional adscritos a la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) de Melilla, han desarticulado una organización criminal asentada en Melilla y en Marruecos dedicada al tráfico de personas, concretamente ciudadanos marroquíes, que introducían irregularmente en España, bien a Melilla o bien a territorio peninsular, procedentes del norte de Marruecos. Además, realizaban tareas logísticas de suministro de embarcaciones que se encuentran en alta mar con gasolina y víveres. Se ha procedido a la detención de 13 personas.

La investigación se inició en marzo de 2024 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal que, establecida en la ciudad de Melilla, podría estar favoreciendo la inmigración ilegal en las costas andaluzas por medio de embarcaciones de recreo y naves nodriza.

La red empleaba embarcaciones de recreo de pequeñas dimensiones, las cuales, a la hora de cometer el delito, figuraban a nombre de testaferros, esto es, terceras personas que no participaban materialmente en los hechos, pero que a cambio de una suma de dinero se prestaban a figurar como titulares de los barcos, dificultando que la investigación policial llegase hasta los máximos responsables de la organización.

A lo largo de la investigación se ha podido comprobar que la red estaba estratificada en cuatro niveles de jerarquía diferenciados, que estaban ocupados por sus miembros en virtud de las funciones desempeñadas por cada uno de ellos. Así, se pudo determinar que el escalón más alto estaba ocupado por los organizadores, el segundo nivel lo componían miembros de la red encargados de cuestiones logísticas relacionadas con la comisión material de los delitos, un tercer escalón ocupado por los pilotos de las embarcaciones empleadas y el cuarto y último nivel integrado por los testaferros.

"Modus operandi"

Los investigadores han constatado que la organización incluía matices en su funcionamiento en función de las circunstancias que rodeaban cada hecho delictivo. Así, en todos los casos las personas a trasladar eran recogidos en un punto concreto de la costa marroquí y enviadas directamente a suelo español, ya fuese encallando la embarcación en la playa de Melilla para posteriormente incendiarla con la intención de eliminar pruebas, o bien dando aviso a Salvamento Marítimo alertando de su llegada a las costas de Motril (Granada).

En otro caso, la red se valió de una embarcación tipo "zodiac" que hizo las veces de receptadora y responsable del reparto, recibiendo en alta mar al contingente de personas procedentes de Marruecos para luego trasladarlas hasta la zona del Cabo de Gata (Almería) y dejarlos en pequeños grupos diseminados a lo largo de toda la costa, para eludir así tanto la interceptación de la embarcación nodriza (más lenta), como de las personas en tierra por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante la perpetración del hecho, las autoridades marroquíes lograron detener "in situ" a dos miembros de la red, que ingresaron en prisión en el país vecino.

En varias ocasiones, también se ha podido comprobar cómo estas embarcaciones salían de puerto con el objetivo de dar suministro de combustible y víveres a estas embarcaciones nodriza que se encuentran en alta mar esperando durante días.

Durante la investigación se ha podido determinar que cada persona pagaba a la red una cantidad que oscilaba entre los 12.000 y los 13.000 euros, habiéndose demostrado hasta la fecha la comisión de tres hechos delictivos concretos donde se han trasladado irregularmente a 45 personas empleando un total de cinco embarcaciones, lo que ha reportado a los miembros de la organización unos beneficios estimados que superan los 550.000 euros.

Fruto de la investigación los agentes procedieron a la detención de 13 personas, once de ellas en Melilla y dos en Málaga, además de intervenir varios terminales móviles empleados por los integrantes de la organización, por lo que se está a la espera de su estudio y análisis en orden a encontrar nuevas pruebas acerca de la actividad delictiva de la red.

De los hechos entiende el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla.