Las actuaciones de comprobación e investigación tributaria, incluso las actuaciones de auxilio judicial en las que participa personal de la Agencia Tributaria, tienen que adaptarse a la situación de los sectores económicos a las que van dirigidas. En los últimos años las actividades económicas se caracterizan por su elevada informatización.

Esta evolución se confirma en los indicadores que sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las empresas publica el Instituto Nacional de Estadística de forma que, en los años 2020 y 2021, el 99,26 % de las empresas de más de 10 trabajadores disponían de ordenador (este porcentaje era del 85,20 % en las empresas de menos de 10 trabajadores). El alto grado de informatización de la ciudadanía lleva consigo otros efectos colaterales que condicionan el buen desarrollo de la actividad de comprobación e investigación tributaria que se realiza de forma tradicional. Por un lado, se incrementa notablemente el volumen de información disponible, de forma que se dificulta discriminar qué información de la que se dispone en el dispositivo electrónico puede ser relevante desde el punto de vista tributario; en muchos casos, ni siquiera las empresas tienen una idea precisa del volumen de datos que tienen en sus ordenadores. Por otro lado, la localización de la información puede encontrarse en cualquier lugar del mundo, como consecuencia de que la información puede ubicarse de forma remota o «en la nube», por lo que su investigación puede necesitar de la utilización de métodos específicos. Por último, debe destacarse la existencia, en algunos sistemas informáticos, de aplicaciones o utilidades que permiten la evasión o defraudación tributaria de forma que, a voluntad del propio interesado o de terceros, se oculta la verdadera realidad económica y tributaria de los obligados tributarios, omitiendo y alterando los datos reales o interpolando y adicionando datos ficticios (conocido como software de doble uso).

Para facilitar las actuaciones que realiza la Agencia Tributaria, en relación con las dificultades puestas de manifiesto en el párrafo anterior, el Departamento de Inspección tiene atribuidas competencias para la realización directa de funciones de auditoría informática derivadas de actuaciones inspectoras o de auxilio judicial y la coordinación de las unidades especializadas en dicha materia, así como la emisión de informes en materia de facturación electrónica. Con este fin, en 2007 se creó la Unidad Central de Auditoría Informática (UCAI) que, desde noviembre de 2008, se incardina dentro de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

Entre las funciones que desempeña la UCAI, destacan las siguientes:

1. Apoyo a los Equipos y Unidades de Inspección en sus actuaciones inspectoras, fundamentalmente en la adquisición de la documentación cuando la misma se encuentre en soportes informáticos.

2. Análisis y verificación de los sistemas y equipos informáticos mediante los que se lleve a cabo, total o parcialmente, la gestión de la actividad económica y obtención de datos de los mismos para su posterior examen.

En cualquier caso, la información obtenida se asegura respecto a su integridad y autenticidad con la obtención de la huella digital.

De acuerdo con la descripción de estas funciones, la UCAI participa en las actuaciones de inspección, volcado judicial de datos (en aquellas ocasiones en las que sea necesario incautar soportes digitales para recuperar posteriormente la información), elaboración de informes, elaboración de máquinas virtuales para reproducción de entornos de trabajo del o los investigados, solución de problemas con archivos encriptados, entre otras cuestiones, para poder obtener una imagen completa de la actividad económica real de los contribuyentes.

Otra de las funciones de la UCAI es la de incorporar los datos que ha obtenido en las diferentes operaciones en las que interviene a las distintas plataformas informáticas existentes para uso y análisis de la Inspección. También realiza esta tarea en relación a los dispositivos cuya custodia queda a cargo o es facilitada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

También se encarga de dar cumplimiento a los requerimientos realizados por parte de juzgados o tribunales de las operaciones en las que ha intervenido la Agencia Tributaria cuando se ha llevado a cabo una auditoría informática. Entre estos requerimientos se pueden encontrar el expurgo de lo que se ha aportado anteriormente en el procedimiento, o realizar copia completa o parcial de lo que se custodia tanto en nuestra sede como en sede judicial o realizar una relación y devolución de efectos intervenidos, o identificación y clasificación de la documentación contenida en una operación.

Por otra parte, se realizan también actuaciones de tipo pericial. Por ejemplo, información sobre valoración de software en operaciones exteriores o realización de informes sobre innovación tecnológica en proyectos realizados por entidades que se han aplicado deducción por gastos por investigación y desarrollo.

Por último, otra de las labores de la UCAI es formar a las diferentes unidades territoriales de auditoría informática (UAI). Estas Unidades tienen como objeto el apoyo en materia de auditoría informática a los restantes Equipos y Unidades de la Dependencia Regional de Inspección en sus actuaciones inspectoras.

Como muestra de su importante participación en la misión de la Agencia Tributaria, esta es, la aplicación del sistema tributario y del aduanero, en 2021 las Unidades de Auditoría Informática participaron como apoyo en ocho de cada diez actuaciones de entradas y registros realizadas por los órganos de inspección tributaria y aduanera. Los expedientes de actuaciones inspectoras con participación de las UAI finalizados en 2021 dieron lugar a la regularización, incluidas sanciones, de 173 millones de euros.