Las organizaciones públicas tienen la facultad, casi la obligación, de autoorganizarse para prestar el servicio público que tienen encomendado, de la forma más eficiente posible.

En el ámbito de la gestión de los tributos aduaneros, especiales y medioambientales, este esfuerzo de adaptación de la estructura administrativa a las necesidades existentes en el momento actual ha traído consigo la creación de la Oficina Nacional de Gestión de Aduanas e Impuestos Especiales en enero del año pasado.

¿Pero cuáles eran esas necesidades y por qué se ha creado un órgano gestor de competencia nacional?

Es siempre importante analizar el motivo que hay detrás de las diferentes decisiones que se toman, sin perder de vista el objetivo, que en este caso no es otro que dar mejor y mayor servicio a los contribuyentes de comercio exterior, de las accisas y de los ya famosos impuestos verdes.

Bajo esta perspectiva, se puede señalar que las razones de constitución y, por ende, las funciones que esta oficina tiene encomendadas son las siguientes:

• En primer lugar, era importante asegurar la aplicación uniforme y eficiente de la legislación en materia de autorizaciones de relevancia notable y validez nacional. Por ello, la Oficina gestiona algunas autorizaciones previstas en la normativa de los impuestos especiales, así como otras relacionadas con los impuestos medioambientales y simplificaciones importantes en materia aduanera. Sirvan como ejemplo de esta variedad de autorizaciones, las siguientes: el operador económico autorizado, la autorización de inscripción en los registros del declarante, la aprobación de desnaturalizantes parciales específicos en el alcohol o la centralización de pagos en el impuesto de gases fluorados de efecto invernadero. Igualmente, la búsqueda de economías de escala aconsejaba la centralización de la gestión de las autorizaciones de comercio exterior de validez multinacional. Esta Oficina mantiene fluida comunicación con las autoridades aduaneras de los demás países miembros de la Unión Europea, requisito imprescindible para la concesión de las autorizaciones aduaneras multiestado.

• En segundo lugar, la sociedad demanda de las Administraciones públicas la realización de esfuerzos en el campo de la difusión y de la información, que permita a la ciudadanía formarse una opinión propia de las obligaciones que le incumben y de los derechos que tiene atribuidos. Esta función informativa debe prestarse, por descontado, en los nuevos canales que la sociedad emplea. En este sentido, no es ninguna sorpresa señalar la relevancia notable que tienen los canales digitales. La Oficina Nacional coordina la información y asistencia que se realice en los medios no presenciales (chat con dudas de comercio exterior, citas telefónicas para el nuevo impuesto de envases de plástico, etc.).

• Por último, la Oficina Nacional tiene asimismo la ambiciosa función y la gran responsabilidad de coordinar el despacho aduanero para garantizar con ello una adecuada prestación de servicio a las empresas de comercio exterior, bajo una unidad de criterio entre las distintas aduanas a nivel territorial.

En los últimos años, el uso de las tecnologías de la información ha introducido cambios sustanciales en este proceso permitiendo la deslocalización y la especialización de los servicios.

Además, el tráfico internacional de mercancías ha sufrido una transformación relevante marcada por la evolución en el tipo de mercancías, cambios logísticos que han afectado a las cadenas de suministro y, en el caso de la Unión Europea, una regulación cada vez mayor en relación con los requisitos que deben cumplir las mercancías que accedan al mercado de la Unión, con el objetivo de proteger a los consumidores y usuarios. Estos factores hacen necesario que las aduanas se adapten a las nuevas normativas y dispongan de conocimientos cada vez más especializados.

Sendas razones invitan a la autoridad aduanera a que aproveche al máximo las oportunidades que se le brindan para incrementar la eficiencia del despacho aduanero a nivel nacional, contribuyendo a la especialización y siempre de forma coordinada a través de todo el territorio nacional.