2024
En las últimas semanas se han publicado dos estadísticas que explotan la información fiscal sobre la renta personal desde la dimensión municipal.
El traslado de la mal llamada “planificación fiscal agresiva” desde la fase liquidatoria a la fase recaudatoria que ha tenido lugar en los últimos años se ha caracterizado, entre otras conductas, por la ubicación por parte de los deudores de sus bienes y derechos de contenido económico en otras jurisdicciones fiscales distintas de aquellas en las que se genera la deuda tributaria, como estrategia principal para obstaculizar las actuaciones de embargo.
En los primeros días de septiembre se publicó la Estadística de los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2022.
Una vez presentadas las declaraciones anuales tanto del IRPF como del Impuesto sobre Sociedades, se empieza a disponer de la primera información sobre la evolución de los resultados empresariales en 2023 a partir de las cuentas de las empresas.
Recientemente se ha publicado la Estadística de declarantes del IRPF del ejercicio 2022. Hay que recordar que esta estadística se ofrece en su actual formato desde 2003, pero también están disponibles en formato electrónico las publicaciones originales de los años anteriores (1992-2002), lo que permite tener una perspectiva temporal de 30 años del impuesto.
El 29 de mayo se publicó en el BOE la Resolución de 13 de mayo de 2024, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar telemáticamente el embargo de créditos derivados del cobro mediante terminales punto de venta (en adelante, TPV ) en entidades de crédito y proveedores de servicios de pago.
La importancia de la información para los avances tecnológicos de los últimos años y los desafíos que conlleva para la privacidad de las personas, ha convertido al derecho a la protección de datos personales en uno de los protagonistas estrella de los conflictos jurídicos que están surgiendo alrededor de las nuevas tecnologías, hasta el punto de haber sido calificado en algunos foros como el derecho fundamental del siglo XXI.
Algunos contribuyentes presentan la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con errores de importe no muy elevado, cuya subsanación puede ser realizada por el propio contribuyente de manera voluntaria, sin que se inicie ningún procedimiento de comprobación por parte de la AEAT, a través del nuevo servicio de "Complementaria Calculada" del IRPF del ejercicio 2023.
Cuando la Administración tributaria, en el ejercicio de las competencias que tiene legalmente atribuidas, acuerda como medida cautelar el precinto de una caja de seguridad, resulta relativamente frecuente la alegación referida a la vulneración del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española.
Dentro del conjunto de información que forman las estadísticas tributarias cubriendo los más variados aspectos, las empresas personales (los autónomos) se pueden analizar con gran detalle a través de la estadística de Rendimientos de actividades económicas. Esta publicación aprovecha la información que estos empresarios facilitan en sus declaraciones anuales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La información económica y fiscal propia de la declaración, junto con sus características personales, permite dar una visión completa de este tipo de empresas. La última información publicada corresponde al ejercicio 2021 (la próxima publicación está prevista para noviembre de este año 2024).
Las estadísticas tributarias que se han ido publicando en las últimas semanas cierran los datos del primer trimestre del año y permiten hacer una primera valoración de la evolución de la economía en ese periodo. El conjunto de gráficos que acompañan estas líneas ilustran los principales resultados.
Atendiendo a las demandas de los contribuyentes, se ofrece un nuevo servicio en la sede electrónica de la AEAT con la finalidad de facilitar y agilizar la realización de determinados trámites en los procedimientos de sanciones tributarias y en los de recargos e intereses de demora por presentación de autoliquidaciones fuera de plazo.
Las competencias de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la Hacienda Pública (UCCDHP) se encuentran detalladas en el apartado TRES.1 de la Resolución de 24 de marzo de 1992, de la AEAT, sobre organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria:
En el plan estratégico de la Agencia Tributaria 2024-2027, dentro de sus ejes vertebradores, junto a la asistencia al contribuyente, las actuaciones preventivas y la estrategia de comunicación aparece, como no podía ser de otro modo, el control del fraude.
En los últimos años hemos asistido a numerosas situaciones de excepcionalidad. Entre las más destacables, por sus efectos más globales y generalizados, encontramos la pandemia ocasionada por el virus Covid-19 en el año 2020 y la Guerra de Ucrania, tras su invasión por parte de Rusia, el 24 de febrero de 2022.
El Real Decreto 117/2024, de 30 de enero (BOE 31 de enero de 2024), en el punto tres de su disposición final segunda, ha modificado el artículo 9 del Reglamento General de Recaudación posibilitando que tanto las entidades de pago como las entidades de dinero electrónico puedan acceder a la condición de colaboradoras en la gestión recaudatoria estatal e, incluso, a una eventual prestación del servicio de caja en las Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y en las aduanas, que hasta ahora estaba reservada a las entidades de crédito (Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito).
El 23 de marzo de 2021 el Tribunal Supremo dictó dos sentencias (recursos de casación números 3688/2019 y 5270/2019), en las que concluyó que la comprobación de los requisitos para la aplicación de regímenes tributarios especiales debía realizarse, necesariamente, por los órganos competentes, a través del procedimiento inspector.
El jueves 25 de abril se publicó el Informe Anual de Recaudación Tributaria de 2023.
La Agencia Tributaria tiene establecidos como objetivos estratégicos fundamentales y permanentes desde su creación tanto la prevención como la lucha contra el fraude fiscal.
Con anterioridad al sistema de pensiones de la Seguridad Social vigente en la actualidad, la previsión social en nuestro país estaba organizada a través de diversas mutualidades con diferente naturaleza. En síntesis, mutualidades laborales (entidades gestoras de la Seguridad Social), mutualidades sustitutorias de las entidades gestoras de la Seguridad Social y mutualidades complementarias a la Seguridad Social.
El marco normativo delimitador de la competencia territorial en la Inspección Tributaria viene delimitado por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), por el Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (en adelante RGAT) y por las normas de organización de la Administración Tributaria.
Recientemente la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado Sentencia, de fecha 22 de febrero de 2024, en el asunto C-674/22, en la que resuelve una petición de decisión prejudicial planteada sobre la interpretación del Derecho de la Unión, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Rechtbank Gelderland (Tribunal de Primera Instancia de Güeldres, Países Bajos), en el procedimiento que se seguía entre el Ayuntamiento de Dinkelland, (Países Bajos) y el Ontvanger van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, kantoor Zwolle (Organismo de Recaudación Tributaria/Grandes Empresas, oficina de Zwolle, Países Bajos), en relación con la denegación, por esta última administración, del abono de intereses compensatorios al Ayuntamiento de Dinkelland sobre un importe del IVA que le fue devuelto.
La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, incorporó el artículo 95 bis, que habilita a la Administración a difundir un listado de incumplidores por deudas o sanciones a la Hacienda Pública española, y que se configura como una excepción al principio general de confidencialidad de los datos tributarios.
La Sentencia del Tribunal Supremo número 130/2023, de 2 de febrero, recurso de casación nº 5225/2020, ha desestimado el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra la Sentencia de 9 de junio de 2020, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso de apelación nº 69/2019.
Como es sabido, el pasado día 6 de diciembre de 2023 se publicó en el BOE el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación; todo ello en desarrollo directo de la nueva letra j) introducida en el artículo 29.2.j) de la LGT, por medio de la ley 11/2021, de 9 de julio, de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Las estadísticas tributarias publicadas recientemente permiten empezar a tener una visión completa de lo que fue el año 2023. En el último mes se han conocido los datos de diciembre de ventas, empleo y salarios de las Grandes Empresas y del comercio exterior, y los datos del cuarto trimestre de ventas, empleo y salarios de las Grandes Empresas y de las pymes societarias. Estas últimas cierran también el ejercicio para el Observatorio de márgenes empresariales. Asimismo, se ha completado la información anual en la Estadística del Impuesto de Matriculación de Vehículos Automóviles. Falta por conocer la información sobre la recaudación de diciembre que, como es habitual, se publicará a finales de marzo.
En los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de información relativa a la transformación que está experimentando la economía debido principalmente a la digitalización. Las Administraciones Tributarias, conscientes de la importancia de la información nacional e internacional, van tratando de consensuar modelos de obtención de información que faciliten el intercambio entre Administraciones Tributarias.
En cualquier ámbito en el que se utilice un lenguaje técnico existe siempre un debate entre la necesaria comprensión que debemos facilitar en el receptor y la imprescindible necesidad de precisión que exige la buena praxis del emisor. Dicho esto, y en la medida en que la sociedad nos está exigiendo un esfuerzo de simplificación que mejore la comunicación con los ciudadanos, la Agencia Tributaria lo recogió ya como uno de sus objetivos en la planificación estratégica de 2020-2023.
La misión fundamental de la Agencia Tributaria es promover y asegurar la correcta aplicación del sistema tributario. Para cumplir con este cometido, la Agencia debe llevar a cabo una serie de acciones que garantizan y facilitan el pago de deudas tributarias, así como la ejecución de procedimientos de cobro, tanto para las deudas de naturaleza tributaria como para otras deudas cuya gestión ha sido encomendada a la Agencia Tributaria.
Toda la información individual sobre salarios de la que dispone la Agencia Tributaria procede de la declaración anual informativa de las retenciones sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas (modelo 190), de obligada presentación para los empleadores, sea cual sea el número de empleados, sus salarios, sus retenciones o el periodo del año en el que estos han estado contratados.
No es un secreto que en los últimos tiempos la Agencia Tributaria ha acometido un conjunto de medidas dirigidas a facilitar no sólo el cumplimiento por los ciudadanos de sus obligaciones tributarias sino también el ejercicio de sus derechos.
El objetivo estratégico principal de la Agencia Tributaria es mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Para lograr este objetivo, implementa una variedad de medidas, que incluyen educación cívico-tributaria, asistencia e información a los contribuyentes, prevención del fraude tributario y aduanero, las actuaciones de control a posteriori, el impulso de modificaciones normativas antifraude, colaboraciones con otros organismos, las relaciones cooperativas, etc.
El objetivo principal que guía las actuaciones de la Agencia Tributaria es la mejora del cumplimiento en período voluntario, aumentando el efecto inducido de sus actuaciones de control y disminuyendo el peso de los resultados cuantitativos obtenidos en estas actividades.